lavado de activos en argentina: control, riesgos y estrategias

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El lavado de activos es un delito financiero que consiste en convertir dinero de origen ilícito en activos legales, ocultando su procedencia y dando la apariencia de legalidad. En Argentina, la lucha contra este delito es una prioridad, dado el impacto negativo que tiene en la economía nacional y la seguridad del país.

Tabla de Contenido

Quién controla el lavado de activos en Argentina

La Superintendencia de Seguros de la Nación (SSN) juega un rol fundamental en la prevención del lavado de activos en Argentina. Como organismo de control del sector asegurador, integra el Sistema Nacional de Prevención del Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y Financiación de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (LA/FT/FPADM).

La creación de este sistema es un compromiso asumido por Argentina como miembro del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), un organismo intergubernamental que establece los estándares internacionales para combatir el LA/FT/FPADM.

Las Recomendaciones de GAFI incluyen medidas financieras, legales y de conducta que los países deben implementar para contar con un sistema de detección, prevención y represión eficiente. Argentina también es miembro fundador del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), un organismo asociado del GAFI que participa en la elaboración y revisión del estándar internacional para el combate del LA/FT/FPADM.

La SSN participa activamente en las Evaluaciones Nacionales de Riesgo de LA/FT/FPADM, la Estrategia Nacional y los procesos de Evaluación Mutua del GAFI.

El sector asegurador, el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo

El sector asegurador enfrenta el riesgo de ser utilizado para actividades de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Las organizaciones criminales buscan mecanismos para ocultar el origen ilícito de los fondos y darles apariencia de lícitos.

Los productos y las transacciones que las aseguradoras ofrecen, brindan la oportunidad de blanquear capitales o financiar el terrorismo, por lo que estas entidades podrían verse involucradas en este tipo de actividades ilícitas, exponiéndolas a riesgos de LA/FT.

En este sentido, tanto las Entidades Aseguradoras y Reaseguradoras autorizadas por la SSN, como los Intermediarios de seguros que operan en la comercialización de seguros de vida con ahorro y seguros de retiro, son designados Sujetos Obligados ante la Unidad de Información Financiera (UIF) (conf. Ley 2246, artículo 20 incisos 9 y 10).

La Resolución UIF N° 126/2023, que rige al sector asegurador, prevé la obligación de los Sujetos Obligados de implementar un Sistema de Prevención de LA/FT que contemple los pilares de Riesgo, Cumplimiento, Debida Diligencia del Cliente y Monitoreo, Análisis y Reporte de Operaciones Sospechosas.

La SSN cumple un doble rol: Sujeto Obligado ante la UIF (artículo 20 inciso 20) de la Ley 2246) y Organismo de Control Específico (artículo 14 de la Ley 2246).

Desde la Gerencia de PLA/FT de la SSN se controlan las operaciones de las Entidades Aseguradoras (sus accionistas, aportantes y beneficiarios finales), como así también que adopten sistemas preventivos eficientes para detectar y combatir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo en el mercado asegurador argentino.

Las supervisiones en materia de Prevención de LA/FT al sector asegurador se realizan en cumplimiento del deber de colaboración con la UIF (Resolución UIF N° 72/2023) y conforme a los Principios Básicos de Seguros (PBS) de la Asociación Internacional de Supervisores de Seguros (IAIS).

Cuáles son las 3 etapas del lavado de activos

El proceso de lavado de activos se divide en tres etapas: Colocación, Diversificación e Integración.

La colocación del dinero

La primera fase consiste en introducir dinero ilícito en la economía legal, poniéndolo a circular a través de entidades financieras, casinos, negocios, casas de cambio y otras fuentes tanto nacionales como internacionales.

Los lavadores depositan cantidades medianas, no exageradas, para no levantar sospechas, en diferentes bancos o en el mismo pero días diferentes.

Diversificación u ocultamiento

En esta etapa, los criminales buscan dificultar el rastreo de la fuente y la propiedad de los fondos, desdibujando la transacción original. Para ello, realizan operaciones en el exterior, en países con poco control en el lavado de activos.

También inventan mecanismos para legalizar el ingreso de divisas al país, como la sobrefacturación de exportaciones o ventas ficticias en el extranjero. Incluso, usan familiares en el exterior para que parezca que les envían plata y quede como si fueran remesas.

Otra práctica común es sobrefacturar importaciones para ingresar mercancía, carros, maquinaria y tecnología, ocultando su procedencia y maquillando el contrabando.

Integración del dinero

En esta fase, los delincuentes buscan que las autoridades no puedan diferenciar entre el dinero legal e ilegal. Los lavadores logran que su dinero sucio circule completamente en la economía formal, convertido en propiedad raíz, carros y comercio como restaurantes, bares, casinos, prostíbulos que usan como fachada para ocultar operaciones de lavado.

Tácticas de los lavadores

Es usual que los criminales camuflen dinero ilegal a través de un negocio formal. Por ejemplo, utilizan como fachada un restaurante e inflan los recibos de efectivo diarios, llevando esa plata al banco.

Entre las modalidades más utilizadas está el ‘pitufeo’, que consiste en depositar dinero al banco, en cantidades moderadas o permitidas por la ley. Hacen múltiples depósitos en distintas entidades bancarias, o en la misma, en diferentes fechas, para evitar su detección.

También usan ‘mulas de dinero’, personas que mueven sumas considerables de un país a otro en sus maletas, pegadas de su cuerpo o dentro de su organismo, para depositarlas en cuentas en el extranjero, generalmente, en países con menos regulación.

Países de la región en la lista negra

América Latina es una de las zonas más afectadas por el lavado de activos y la financiación del terrorismo. Los países de la región desarrollaron leyes para evitar una crisis, pero aún se quedan cortos en la aplicación efectiva de esas leyes.

Según el Índice de Basilea Anti-Lavado de Dinero (AML), en la lista negra de los 146 países del entorno con más riesgo de estos delitos, está Paraguay (puesto 16), Bolivia (puesto 23) y Panamá (puesto 30).

República Dominicana se encuentra en el puesto 42, y le siguen Nicaragua, Jamaica, Venezuela y Ecuador. Mientras que Chile y Colombia se posicionan en último lugar.

Para combatir el lavado de activos es fundamental que los gobiernos creen y endurezcan las leyes, y que las empresas adopten buenas prácticas para prevenirlo.

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