Cómo explicar la crisis económica en venezuela

La crisis en Venezuela hace referencia a una profunda crisis política, económica y social desarrollada durante el gobierno de Nicolás Maduro. Esta etapa ha sido marcada por una fuerte hiperinflación, aumento importante de la pobreza, reaparición de enfermedades erradicadas, delincuencia, incremento de la mortalidad infantil, desnutrición severa y violaciones a los Derechos Humanos, trayendo como resultado un ola de emigración masiva del país. La situación es de lejos la peor crisis económica en la historia de Venezuela y en el entorno la peor desde mediados del siglo XX de un país que no está experimentando una guerra, mucho más grave que la Gran Depresión en los Estados Unidos, peor que la crisis económica de 1985-1994 de Brasil o que la crisis hiperinflacionaria en Zimbabue de 2008-200Diversos investigadores han comparado varios aspectos de la crisis, como el desempleo y la contracción del PIB, con la posguerra de Bosnia y Rusia, así como Cuba y Albania tras el colapso de la Unión Soviética.

El 2 de junio de 2010, Chávez declaró una "guerra económica" debido a la creciente escasez en Venezuela. La crisis se intensificó bajo el gobierno de Nicolás Maduro, agravada como resultado de la caída de los precios del petróleo a principios de 2015, debido a una caída de la producción petrolera en Venezuela por falta de mantenimiento e inversión, trayendo como consecuencia una crisis petrolera mayor. El gobierno no logró reducir el déficit ante la caída de los ingresos del petróleo, enfrentando la crisis negando su existencia, y reprimiendo violentamente a la población.

Las ejecuciones extrajudiciales por parte del gobierno venezolano se volvieron comunes, y la Organización de las Naciones Unidas (ONU) emitió un informe en donde reportaba 5287 asesinatos perpetrados por las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) en 2017, con al menos otros 1569 asesinatos registrados en los primeros seis meses de 201La ONU tenía "motivos razonables para creer que muchos de estos asesinatos constituyen ejecuciones extrajudiciales", y caracterizó a las operaciones de seguridad como "destinadas a neutralizar, reprimir y criminalizar a opositores políticos y a personas críticas al gobierno". También declaró que las FAES habrían "plantado armas, drogas y disparaban sus armas contra las paredes o al aire para simular una confrontación y mostrar que la víctima se había resistido a la autoridad" y que algunos de los asesinatos habían sido cometidos "como represalia por la participación [de las víctimas] en manifestaciones antigubernamentales".

La crisis supuso la confluencia de distintos problemas: crisis financiera, escasez de productos básicos y medicinas, aumento del desempleo por el cierre de empresas privadas y emigración masiva hacia otros países del continente americano. Así mismo, la disminución del crédito a la empresa privada por parte de la banca, en conjunto con la intervención gubernamental de la política monetaria a través del Banco Central de Venezuela (BCV) han desencadenado una hiperinflación. El deterioro de la productividad y competitividad, mala gestión económica, dependencia del petróleo, corrupción política, autoritarismo y violaciones a los derechos humanos más fundamentales, han contribuido al empeoramiento de la crisis y deterioro de la calidad de vida.

Los gobiernos de Chávez y Maduro han alegado que los problemas son el resultado de una guerra económica contra Venezuela, "la caída de los precios del petróleo, sanciones internacionales y la élite empresarial del país". Por otro lado, sus detractores citan la gobernanza antidemocrática, la corrupción y la mala gestión de la economía como causas principales de la crisis. Otros atribuyen la crisis a la naturaleza socialista, populista o hiper-populista de las políticas del régimen y el uso de estas políticas para mantener el poder político. En 2018, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) documentó que "la información recopilada indica que la crisis socio-económica se había estado desarrollando durante varios años" antes de las sanciones internacionales. Michelle Bachelet en un informe de 2019 expresa que la crisis social y económica se estaba agravando drásticamente, el gobierno no había reconocido ni abordado el alcance de la crisis, y expresó su preocupación sobre que aunque la "crisis económica, social generalizada y devastadora comenzó antes de la imposición de las primeras sanciones económicas", las sanciones podrían empeorar la situación. Analistas y economistas nacionales e internacionales han declarado que la crisis no es resultado de un conflicto, desastre natural o sanciones sino consecuencia de las políticas populistas y prácticas corruptas que comenzaron con la Revolución bolivariana en la presidencia de Chávez y continuaron durante la presidencia de Maduro.

La crisis ha generado fuertes olas de protestas, una en 2014, otra en 2017 y otra más en 201Según la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACDH), las protestas fueron reprimidas fuertemente por los aparatos policiales y para-policiales y se incurrió en la violación reiterada de los derechos humanos de los participantes, dejando víctimas fatales y presos por motivos políticos.

Crisis económica

Desde 2013 existe una crisis económica en Venezuela, como consecuencia de la caída de los precios del petróleo, las expropiaciones, las restricciones del control de cambio de la moneda, el endeudamiento público la corrupción, entre otros. En este periodo, se ha producido una aguda recesión económica que ha sido una de las más largas en la historia económica del país al igual que dos años de hiperinflación.

Desde inicios de la crisis las estadísticas oficiales reflejaron una caída progresiva del ingreso en los hogares, y un incremento de la pobreza. Para 2014, el Instituto Nacional de Estadística (INE) calculó que el porcentaje de personas en riesgo de pobreza alcanzaba el 29,4 %. En Venezuela desde el año 2018 el salario mínimo mensual se encuentra por debajo de los 10 dólares.

Crisis inmobiliaria

El sector inmobiliario se ha visto afectado fuertemente desde los inicios de la crisis, evidenciando un deterioro de expectativas inmobiliarias y de la industria de la construcción en Venezuela. Los indicadores han mostrado una caída en distintos ámbitos, principalmente el descenso en el número de unidades vendidas, la caída acusada del precio de la vivienda (más o menos pronunciada dependiendo de la región) y el aumento de empresas promotoras y constructoras declaradas en quiebra o con dificultades financieras. Esto ha sido causa de factores internos: la falta de financiación, la inflación, escasez y sobreprecio de materiales de construcción. Entre las consecuencias está un aumento del desempleo y la consecuente contracción del consumo.

Deuda venezolana

Según un informe presentado por la Asamblea Nacional en agosto de 2019, el país tiene una deuda millonaria y se encuentra en default, entre bonos, pagos a proveedores, acuerdos internacionales y compromisos comerciales se aglomeran las deudas del sector público venezolano. Según la Plataforma Auditoría Pública y Ciudadana, la deuda externa del estado venezolano en 2016 se divide en:

• Deuda pública venezolana: representa un 76 % del total y es lo que debe por bonos, préstamos de MyLP y bonos internos C,M Y LP.
• Deuda financiera de PDVSA: el resto, 24 % del total.

Respecto al PIB

La deuda total en 2016 se reparte de la siguiente forma:

• Deuda externa: 34 %.
• Deuda interna: 69 %.

Con respecto a la media de América Latina, la deuda externa venezolana en 2017 es inferior.

La deuda externa de Venezuela en febrero de 2017 era el 69,9 % del PIB y en 2020 alcanzó el máximo del 327,7 % del PIB.

Con la escasez de divisas que entran al país, la deuda venezolana se fue agravando haciendo que la situación económica de Venezuela empeorara cada vez más. Sólo a partir de 2022 se observó mejora con un crecimiento del 18%, tras una contracción superior al 75% del PIB

Acreedores

Entre los acreedores de la deuda pública, en 2014 un 55 % el Estado lo debe a entidades financieras venezolanas (Banco de Venezuela y Banco Mercantil principalmente) y el resto a entidades extranjeras, principalmente bancos franceses y españoles.

El banco Citibank, en julio de 2016 cerró la cuenta de pago con el Banco Central de Venezuela por razones de revisión de riesgo. Según varias fuentes, la decisión del banco tendría un impacto en el mercado alternativo de divisas, siendo este un factor de riesgo para la economía de Venezuela. Sin embargo, según el Banco de Venezuela, esta decisión no pone en peligro pagos de deuda, ya que se encuentra activa la cuenta del Banco Central de Venezuela por la que la institución hace estas operaciones en el mercado internacional.

Inversiones con dinero público

Algunas construcciones públicas en Venezuela han recibido críticas de despilfarro, por considerarse un fracaso o por encontrarse infrautilizadas. Algunos ejemplos son:

• El Poliedro de Caracas, la infraestructura más grande de Venezuela, construida para el Campeonato Mundial de Baloncesto de 1990, fue utilizada únicamente para albergar eventos deportivos como los Juegos Centroamericanos y del Caribe de 198El proyecto que costó más de 130 millones de dólares estadounidenses, no ha podido generar un proyecto de desarrollo económico alrededor del mismo, y hoy en día se encuentra en mal estado de conservación.
• La construcción del Metro de Caracas, una red de transporte subterráneo y elevado que tiene una longitud aproximada de 75 kilómetros, fue construida con una inversión de 5 millones de dólares estadounidenses. Las estaciones del metro son lugares inseguros, donde se registran muchos delitos, lo que ha generado que la mayoría de los usuarios eviten usarlas.
• El complejo de viviendas Ciudad Caribia, construida para brindar una alternativa de vivienda a las personas que sufrieron la tragedia de Vargas en 1999, fue construida con una inversión de más de 4000 millones de dólares estadounidenses. El proyecto, sin embargo, se ha visto afectado por la falta de servicios públicos, como agua potable, electricidad, gas natural y recolección de basura. La crisis del transporte público en Venezuela ha obligado a muchas familias que viven en el complejo a caminar diariamente hasta las estaciones de metro más cercanas.
• El Centro Nacional de Artes, un complejo que alberga diversas instituciones culturales como la Biblioteca Nacional, el Museo de Bellas Artes, el Museo de Arte Contemporáneo, la Orquesta Sinfónica Nacional, el Ballet Nacional, el Teatro Teresa Carreño, fue construido con una inversión de más de 1500 millones de dólares estadounidenses. Sin embargo, el complejo se ha visto afectado por la falta de mantenimiento, y la mayoría de las instituciones culturales que alberga no reciben suficiente apoyo económico.
• El Estadio de Fútbol Monumental de Maturín, un estadio de fútbol que se construyó para albergar los partidos de la Copa América de 2007, fue construido con una inversión de 140 millones de dólares estadounidenses. Después del torneo, el estadio no ha sido utilizado para eventos deportivos y se encuentra en un estado de abandono.

Fraude fiscal

Un informe del SENIAT señaló en noviembre de 2013 que un 71,8 % del fraude fiscal corre a cargo de empresas y grandes fortunas. Para 2013 el presidente de la Comisión de Finanzas de la Asamblea, Ricardo Sanguino, consideraba que al menos $ 21 000 000 000 en dólares a precio preferencial a diversas empresas para importaciones esenciales que jamás fueron realizadas. Las entregas se habrían realizado entre 2012 y 201Edmée Betancourt, para aquel entonces presidenta del Banco Central de Venezuela, y Jorge Giordani, ministro de finanzas, habían estimado que un tercio de los dólares otorgados en 2012 habrían sido usados para empresas ficticias.

En 2014 se supo que el coronel Manuel Barroso, presidente de Cadivi, había aprobado en 2012 más de 23,5 millones de dólares preferenciales a Alimentos Venenceres y Fármacos Venenceres, empresas constituidas en 2010 propiedad del teniente coronel Carlos Arias Delgado, un oficial retirado que se graduó con Barroso en la Academia Militar. Alimentos Veneceres obtuvo contratos para suministrar alimentos a Mercal, presidida por el coronel Félix Osorio. Otro oficial de la misma promoción militar, Eduardo Escalante Pérez, también fue gerente de esas empresas y vicepresidente de Cadivi. Escalante Pérez trabajó para apoyar acciones jurídicas contra compañías que usasen de manera inadecuada las divisas.

A partir de 2015, se hicieron públicos numerosos escándalos de fraude fiscal en el que intervinieron expolíticos, políticos y personas estrechamente relacionados con políticos. En la Lista Falciani se reveló que Venezuela se ubica en el tercer puesto con fondos en las cuentas suizas, declarando que hubo 1138 venezolanos con cuentas en el banco HSBC. El extesorero del partido del gobierno Alejandro José Andrade protagonizó uno de los más sonados escándalos de corrupción, financiación ilegal y cohecho.

Escasez

La escasez en Venezuela es un fenómeno que ha afectado a la economía venezolana en los últimos años, y que ha generado una denunciada crisis humanitaria. Esta situación se da en productos con precios regulados como alimentos (leche, diversos tipos de carne, pollo, café, arroz, aceite, harina pre-cocida, mantequilla, entre otros), productos de primera necesidad (papel higiénico, aseo personal), medicinas (para tratar el cáncer entre otros) e inclusive otros como prótesis mamarias y el papel moneda. En estados fronterizos, como Táchira y Zulia, la situación se agrava aún más debido a la facilidad de llevar mercancía con precio artificialmente bajo, debido al control de precios, desde Venezuela hacia Colombia como contrabando.

Crisis del efectivo

Desde mediados de 2014 a raíz de la inflación se creó una crisis del dinero en efectivo que mantiene retenido el dinero de los venezolanos. En el Banco de Venezuela, igual de la administración del Estado, son estrictos al entregar como monto máximo de retiro de 10 mil bolívares diarios a cada persona, hecho que se ajusta a la instrucción dada desde la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario (Sudeban) de abstenerse a entregar más de 100 billetes de las más alta denominación del cono monetario actual.

En diciembre de 2016 el presidente Maduro anunció el retiro de los billetes de 100 bolívares, el de mayor denominación desde la reconversación monetaria de 2007 hasta la del 2017, medida que postergaría al menos cinco veces hasta marzo de 201Todo esto debido, según Maduro al contrabando existente entre las fronteras de Colombia y Venezuela, por lo que Maduro ordenó cerrarlas.

El 20 de agosto de 2018 entró en vigencia la reconversión monetaria al Bolívar Soberano (BsS), anunciada por ejecutivo a inicios de ese año, eliminándose así 5 ceros a la moneda venezolana, sin embargo dicha medida no acabó con la escasez de papel moneda, y que en tan solo dos semanas ya había perdido la mitad de su valor inicial, producto de la hiperinflación que padece el país. Hasta el 20 de septiembre solo se permitía un retiro de dinero diario que iba desde los 10 hasta los 100 BsS dependiendo la institución bancaria, que equivale entre el 0,5 y el 5% del salario mínimo vigente de 800 BsS, que no era suficiente para adquirir en ese entonces con el monto máximo expendido más de 3 productos básicos alimenticios.

Restricciones bancarias en el exterior

La Superintendencia Bancaria tomó la medida de restringir a los ciudadanos los movimientos por la banca electrónica fuera del país a menos que se notifique previamente el viaje del titular, con la advertencia de bloquear dicha cuenta si se efectúa alguna operación sin ningún aviso a la institución.

Aerolíneas

Desde el comienzo de la crisis en Venezuela, las aerolíneas internacionales han tenido inconvenientes en realizar sus vuelos normales desde y hacia Caracas, y como consecuencia, varias aerolíneas han dejado el país y otras aerolíneas han reducido sus frecuencias.

En Venezuela, donde rige un estricto control de cambios desde 2003, las aerolíneas están obligadas a vender sus billetes de pasajes en bolívares y luego iniciar largos trámites hasta que el gobierno entregue los dólares correspondientes. En 2014 se generó una crisis para repatriar los capitales de las aerolíneas a sus países de origen, el intentar convertir esos bolívares en la divisa oficial a través del BCV del país en la que la aerolínea tiene su matriz, quedaron represados en el BCV, lo que obligó a las empresas aéreas a vender los pasajes en moneda extranjera, otras aerolíneas decidieron disminuir el número de vuelos y a reducir el tamaño de sus aviones. Según la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA), el Gobierno de Venezuela tiene retenidos 800 millones de dólares a las aerolíneas.

Crisis energética

Desde el año 2009, Venezuela experimenta un marcado déficit de generación de energía eléctrica. El 21 de noviembre de ese año el gobierno decretó el estado de "emergencia eléctrica.

Según Corpoelec en mayo de 2015, el 73 % de la energía eléctrica consumida por los venezolanos depende de la Central Hidroeléctrica Simón Bolívar. Esta dependencia ha causado grandes apagones (sequía, falta de mantenimiento, etc...) en la mayoría de los estados del país. La crisis eléctrica ha afectado a varios estados y a la capital, pero en mayor medida al estado Zulia augurando el colapso energético y la suspensión del servicio por horas y hasta días.

En marzo de 2019 se produjo el mayor apagón a nivel nacional de la historia de Venezuela. El gobierno declaró que fue causado por sabotajes mientras que varios expertos apuntaron a una falta de mantenimiento e inversión como su principal causa.

Escasez de combustible

La escasez de gasolina es un problema crónico desde hace años en Venezuela, pero la llegada de la pandemia de coronavirus en el año 2020 lo ha agravado, incluso en la capital, Caracas, normalmente bien abastecida, resulta casi imposible repostar.

Crisis política

El 3 de octubre de 2015, el escritor Mario Vargas Llosa publicó un editorial donde afirmaba que en Venezuela, mientras todavía permanece la crisis económica, la mayoría de las «instituciones, desde los institutos hasta la justicia, muestran síntomas de putrefacción»

Iglesia católica

La Iglesia católica está exenta de pagar el Impuesto sobre la Renta (ISLR). Sin embargo, ante una reforma de la ley, que fue modificada en el 2015, las iglesias deberán demostrar si son asociaciones sin fines de lucro, por lo que si no reúnen las condiciones tendrían que empezar a pagar estos impuestos. La crisis económica ha afectado el normal funcionamiento de estas instituciones, debido a los altos costos de los alimentos, bienes inmuebles, entre otros.

Caso de los narcosobrinos

Efraín Antonio Campo Flores y Francisco Flores de Freitas, sobrinos de Cilia Flores, la esposa del presidente Nicolás Maduro, fueron primero imputados y luego acusados formalmente por la justicia estadounidense por el caso de los narcosobrinos. El 14 de diciembre de 2017, en Nueva York, ambos sobrinos fueron sentenciados a 18 años de prisión y una multa de 50 000 dólares.

Medios de comunicación

La constitución establece mediante la ley, que la comunicación es libre y pluralː

Toda persona tiene derecho a expresar libremente sus pensamientos, sus ideas u opiniones de viva voz, por escrito o mediante cualquier otra forma de expresión, y de hacer uso para ello de cualquier medio de comunicación y difusión, sin que pueda establecerse censura. No se permite el anonimato, ni la propaganda de guerra, ni los mensajes discriminatorios, ni los que promuevan la intolerancia religiosa. [ 176 ] ​ Artículo 57, Constitución Venezolana

En 2017, el gobierno venezolano ordenó el bloqueo y censura a la señal de CNN en Español después de que la cadena realizó una investigación llamado "Pasaportes en la sombra", donde se denunció la presunta venta de visas y pasaportes venezolanos en la embajada del país en Iraq. En respuesta, Conatel bloqueó la entrada de las transmisiones de CNN en Español del territorio nacional, acto que fue considerado como censura por países como Colombia y Estados Unidos. También el 15 de febrero se sacó de las cableoperadoras, la televisora mexicana TV Azteca, que según Conatel, el canal promovía las políticas estadounidenses, creando una supuesta "guerra psicológica". También se ha bloqueado la entrada de otras cadenas, como los canales colombianos RCN y Caracol Televisión Internacional, hechos que fueron condenados por diversos organismos internacionales, la oposición venezolana y gremios internacionales de medios de comunicación. Además, se han cerrado decenas de radiotransmisoras.

Bloqueo a Wikipedia

El 11 de enero de 2019 se impuso el bloqueo al acceso a Wikipedia a través de CANTV (empresa gubernamental de telecomunicaciones más grande del país) por parte del gobierno, tras una “guerra de ediciones” en el artículo sobre Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional, donde se perfilaba como Presidente de Venezuela tras un cabildo abierto auspiciado por la AN donde se declaraba la vacante de la presidencia y la asunción de Guaidó a dicho cargo apegados a las facultades que le concedían varios artículos de la Constitución debido al desconocimiento de las elecciones presidenciales de 2018 donde no participó buena parte de la oposición argumentando falta de garantías electorales, y también apoyados por gran parte de la comunidad internacional. El 16 de enero Wikimedia Venezuela instó a las autoridades competentes en la nación a restablecer a nivel nacional el libre acceso a la enciclopedia.

Ley contra el Odio

La Asamblea Nacional Constituyente aprobó la polémica norma anticonstitucional de la Ley contra el Odio, en noviembre de 2017, con penas de prisión de 10 a 20 años, que ha sido usada contra quienes protestan en las calles, por su parte algunos entes rechazaron la ley, por violentar los artículos 57 y 58 de la constitución vigente en Venezuela. Por medio de esta ley el gobierno ha censurado a varios políticos opositores, periodistas incluso sacerdotes y directores de las ONG quienes en entrevistas de radio y televisión hiciesen severas críticas al gobierno.

Separación de poderes

La Constitución, en su parte orgánica, establece cuales son los poderes públicos, y asimismo establece las competencias propias a cada uno de ellos.

Se ha criticado que no existe separación de poderes, ya que en las instituciones del Poder Ejecutivo hay una falta de control judicial sobre el objeto del libro del TSJ. Aunque tienen autonomía funcional, los miembros son elegidos por el Poder Público: Ministerio Público de Venezuela, Consejo Moral Republicano, Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela.

En el 2016, la Asamblea Nacional de mayoría opositora propuso una ley de amnistía para liberar a dirigentes políticos encarcelados.

Cortes generales

Asamblea

Políticos, analistas políticos y académicos ven en la Asamblea Nacional una cámara que no ejerce en la práctica una función útil, ya que para casi todas sus funciones el presidente es el que acaba decidiendo y las pocas funciones exclusivas no se han usado. Existen llamadas a reformar el parlamento para que sea un órgano que dé relevancia a las regiones, otras a eliminarlo. Cualquier reforma necesitaría de un cambio en la Constitución.

La larga y profunda crisis económica que padecemos ha dejado serias cicatrices en el tejido social pero también nos está señalando un camino de futuro cargado de esperanza. Venezuela necesita un nuevo comienzo, escuchemos bien el clamor de un pueblo y también sus silencios. No lo estamos haciendo lo suficientemente bien, hace falta una gran rectificación profunda, hacer de nuevo las cosas, hacerlas de nuevo y mejor. No estamos haciendo las cosas bien y hay que comenzar por nosotros. El diálogo y la pacificación de Venezuela; un acuerdo económico productivo para estabilizar la economía; la lucha "renovada y frontal" contra todas las formas de corrupción; el fortalecimiento del sistema de seguridad y protección social aplicado a través del carnet de la patria; la defensa del país ante las conspiraciones nacionales e internacionales y la ratificación del socialismo.

Sanciones durante la crisis

Durante la crisis varias sanciones han sido aplicadas contra funcionarios gubernamentales, militares activos o retirados, otras figuras oficialistas y empresas por gobiernos extranjeros durante la presidencia de Nicolás Maduro, las protestas en Venezuela de 2014, la crisis institucional, las protestas de 2017, así como también las elecciones de la Asamblea Nacional Constituyente y el adelanto de las elecciones presidenciales por parte del CNE y la ANC. Entre otras sanciones, también están restricciones de viaje y contra transacciones con el Petro.

Empresas

El 27 de marzo de 2018, el Gobierno de Panamá aplicó una serie de sanciones a 55 funcionarios públicos venezolanos y personas de la alta esfera política chavista, añadiendo también sanciones a 16 empresas que operan en Panamá, y que son propiedad de la familia Malpica Flores, parientes de Cilia Flores, esposa de Nicolás Maduro.

El 18 de mayo Estados Unidos designó a Diosdado Cabello y tres personas cercanas a él, incluyendo a Rafael Alfredo Sarria Díaz, un empresario cercano al chavismo con propiedades en el país norteño y quien fungía como testaferro de Cabello. Junto con la sanción a estas personas, el Departamento del Tesoro estadounidense también bloqueó tres empresas que pertenecían a Sarria Díaz: SAI Advisors Inc., Noor Plantation Investments LLC y 11420 Corp.

El 25 de septiembre el Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció nuevas sanciones económicas contra "el círculo cercano" del presidente Nicolás Maduro, incluida su esposa, Cilia Flores, y el presunto testaferro del presidente de la ANC, Cabello, el empresario Rafael Sarria. En el comunicado, el Tesoro identificó varias empresas vinculadas a Sarria, como la Agencia Vehículos Especiales Rurales y Urbanos, C.A. (Averuca), con sede en Venezuela; Quiana Trading Limited, compañía basada en las Islas Vírgenes Británicas; y Panazeate, con sede en Valencia, España.

Crisis política de 2013

Los eventos ocurridos tras las elecciones presidenciales del mismo año, principalmente las manifestaciones ocurridas por el resultado electoral en el que Nicolás Maduro del Gran Polo Patriótico (GPP) es elegido presidente de Venezuela, condujeron a una serie de protestas y manifestaciones en todos los estados del país.

Elecciones presidenciales

Tras las elecciones presidenciales del 14 de abril de 2013, Henrique Capriles desconoció el boletín emitido por el Consejo Nacional Electoral (CNE) y pidió un conteo del 100 % de los votos, ya que según su comando de campaña se habían detectado al menos 500 irregularidades durante el proceso de votación. Petición a la cual también se sumó el rector del CNE Vicente Díaz, y la cual fue apoyada por los gobiernos de España, Francia, Estados Unidos, Paraguay, y el secretario general de la OEA, José Miguel Insulza. Maduro, en un principio aceptó la realización de la auditoría propuesta por la oposición.

Henrique Capriles presentó su solicitud formalmente el 17 de abril del 2013, con todas las denuncias correspondientes y la petición para la verificación total de las actas; el CNE se reunió por horas ese mismo día, hasta aceptar la verificación "en segunda fase", del 46 % de las cajas de votación no auditadas al azar en un primer momento.

El 11 de junio de 2013 el CNE anunció la finalización de la auditoría al 100 % de los votos emitidos, una de las 18 auditorías que se realizaron durante todo el proceso, los resultados confirmaron la victoria de Maduro, puesto que se presentó un 0,02 por ciento de error, que el CNE justificó con las aclaraciones colocadas en las actas.

2016

En octubre de 2016 seis tribunales penales inferiores estatales venezolanos declararon nulos los procesos previos de recolección de firmas en sus estados. Como consecuencia, el Consejo Nacional Electoral declaró el cese de la realización del referéndum nacional para la remoción de Nicolás Maduro de la presidencia de Venezuela, siguiendo dictámenes previos del Tribunal Supremo de Justicia.

Suspensión del referéndum presidencial

El 20 de octubre de 2016, el Consejo Nacional Electoral (CNE) venezolano suspendió, hasta nuevo aviso, la recolección de las firmas correspondientes al 20 por ciento de los inscritos en el Registro Electoral nacional para solicitar el referéndum revocatorio contra el mandato del presidente. Esto se debió a que cinco diferentes tribunales de los estados de Carabobo, Aragua, Bolívar, Monagas y Apure dictaminaron la anulación del primer proceso de recolección de firmas para el referéndum. El 21 de octubre, lo mismo hizo el tribunal penal del estado de Zulia.

Consideraciones

Opositores al gobierno de Maduro consideraron la anulación como un rompimiento del hilo constitucional de Venezuela, y fue denunciado por el Secretario General de la OEA, ya que esta votación popular está garantizada y protegida por la constitución de Venezuela de 1999, establecida durante el gobierno de Hugo Chávez. Once países miembros de la OEA dieron a conocer en una carta pública su preocupación por la suspensión del referéndum revocatorio.

Asimismo, los opositores aseguran que el supuesto rompimiento constitucional es exacerbado por la decisión de adoptar un fallo de un tribunal inferior de jurisdicción regional, como si fuera un fallo válido para todo el país. Supuestamente esta actuación sería irregular porque iría en contra de los mecanismos estándares de legislación venezolana, donde un tribunal de jurisdicción nacional sería el único válido para modificar o suspender la realización de un referéndum nacional.

Asamblea Nacional y juicio a Nicolás Maduro

En septiembre de 2016 la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia declara nulos todos los actos emanados de la Asamblea Nacional incluyendo las leyes que sean sancionadas. Ante esto el Parlamento venezolano, controlado por opositores al Gobierno, se declaró en desacato. Una sentencia de la Sala Constitucional del máximo tribunal, intérprete de la Constitución venezolana, declaró que resultan inconstitucionales y, por ende, absolutamente nulos y carentes de toda vigencia y eficacia jurídica, los actos del Parlamento.

Asimismo, la Asamblea Nacional, que había sido declarada en «desacato» por el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, declaró la «ruptura del orden constitucional» en Venezuela en sesión extraordinaria. El 25 de octubre, la Asamblea Nacional debatió la posibilidad de llevar a Maduro a juicio político por su responsabilidad al adoptar la decisión del tribunal inferior, y su aplicación como decisión nacional para suspender el referéndum revocatorio, aunque la constitución no otorga esta facultad al poder legislativo.

El 22 de febrero de 2018 los magistrados de la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela en el exterior le dieron entrada a la solicitud de antejuicio de mérito presentado por Luisa Ortega Díaz contra Nicolás Maduro por los cargos de corrupción propia y legitimación de capitales, cuando Maduro aprobó 30 mil millones de dólares para la ejecución de obras a cargo de Odebrecht paralizadas o inconclusas.; los hechos estarían relacionados con el pago de sobornos que habría realizado la empresa Odebrecht a varios políticos venezolanos con la finalidad de obtener contratos en importantes obras. Ortega Díaz señaló que en una investigación realizada por su despacho se pudo constatar que en 2012 la campaña presidencial de Hugo Chávez fue pagada por Odebrecht y el dinero era recibido por Maduro, quien se desempeñaba como canciller. El 9 de abril el tribunal admitió el antejuicio de mérito contra Maduro solicitada por la fiscal general, ordenando la prisión preventiva contra y mandatario y la solicitud a Interpol la alerta roja en su contra.

El 17 de abril la Asamblea Nacional aprobó con 105 votos a favor y dos en contra la continuidad del juicio por los hechos de corrupción en respuesta a la solicitud consignada por los magistrados del Tribunal Supremo. El acuerdo que fue votado por los diputados establecía declarar que existen suficientes méritos para continuar el proceso judicial y continuar con las investigaciones que se adelantan en la Asamblea Nacional de acuerdo con el artículo 187 de la constitución por los hechos de corrupción que se pudieran desprender de Maduro. El 3 de mayo de 2018 el Tribunal Supremo declaró la suspensión de Maduro como presidente y ordenó su inhabilitación para cualquier otro cargo público. El secretario general de la OEA Luis Almagro reconoció la inhabilitación y suspensión de Maduro como presidente.

Consulta nacional de 2017

El lunes 3 de julio de 2017 la oposición venezolana en una rueda de prensa anuncia la realización de una consulta nacional por medio de la Asamblea Nacional, el cual tendría como motivo consultar a los venezolanos si estaban de acuerdo con una Asamblea Nacional Constituyente convocada por el presidente, ya que para la convocatoria de esta tendría que hacerse un referéndum consultivo donde la población votaría sí y no, cosa que no se hizo por parte del gobierno poniendo en duda la legalidad del proceso constituyente.

La consulta que realizaría la oposición venezolana el 16 de julio, con el apoyo de diversos sectores de la sociedad, se dividió en dos partes. En la primera la ciudadanía podrá manifestar su decisión ante las tres preguntas planteadas y en el segundo firmarán un acta donde se comprometen con adherirse a los artículos 333 y 350 de la Constitución.

Estaba programado que la actividad se realizara en 030 centros de votación ubicados en 536 ciudades de Venezuela y otros 69 países del entorno. Los organizadores dijeron que participarían unos 50.000 voluntarios en las 1000 mesas que se dispondrán en esos centros. contó con la presencia de cinco expresidentes latinoamericanos (Jorge Quiroga Ramírez de Bolivia, Andrés Pastrana de Colombia, Vicente Fox de México y Miguel Ángel Rodríguez Echeverría y Laura Chinchilla de Costa Rica) y los garantes del proceso que serían diferentes rectores de las universidades más importantes del país. Entre los rectores se encontraba: Cecilia García Arocha (UCV), Benjamín Scharifker (Unimet), Padre José Virtuoso (Ucab), Jessy Divo (Universidad de Carabobo) y Raúl López Sayago (Universidad Experimental Libertador).

Resultados

En altas horas de la noche del mismo 16 de julio, los rectores encargados del proceso dieron una rueda de prensa donde informaron que con el 95 % de las actas escrutadas se dio una participación de 7,2 millones de votantes y el 17 de julio en horas de la mañana con el 100% de las actas escrutadas se confirmó la participación de 7,6 millones de votantes donde el 98 % votaron tres veces sí en el proceso, rechazando la Asamblea Nacional Constituyente, pidiendo la renovación de poderes públicos y legalidad de la Asamblea Nacional de Mayoría opositora electa diciembre de 201

Corrupción

La fiscal general del Estado Luisa Ortega Díaz, reveló que en noviembre de 2014 se estaban tramitando un total de 388 causas contra cargos por corrupción. PSUV y MUD acumulaban la mayoría de las causas de los trámites totales.

A principios de 2017, se reportaron numerosos escándalos por actos de corrupción en el que intervinieron varios funcionarios y directivos de la empresa de Petróleos de Venezuela. En menos de 20 días, el presidente Maduro destituyó a varios directivos de Pdvsa y

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