El déficit habitacional es un problema persistente en Argentina. Los datos del Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2022 del INDEC, muestran que, a pesar de las estrategias y acciones implementadas en años anteriores, un gran número de personas no cuenta con casa propia, vive en condiciones precarias o carece de acceso adecuado a una vivienda digna. Además, el panorama es muy desigual e incierto a lo largo y a lo ancho del país. Según en qué región o en qué grupo social se ponga la lupa, las brechas son amplias y estructurales, sumado a la incertidumbre que se avizora en el actual horizonte político.
¿Qué lugar tiene en la agenda pública este debate? Desde la Fundación COLSECOR consideramos que es de suma importancia hacernos eco de esta problemática, porque el acceso a una vivienda, asequible y en condiciones adecuadas, es un derecho y, por lo tanto, es necesario que los estados sean partícipes de sus promociones y garantía.
Las cifras que grafican el déficit habitacional en Argentina son elocuentes. El 31% de la población todavía no logra acceder a una vivienda propia, mientras que el techo para un 17,4% de los argentinos (o sea, casi 8 millones de personas) es alquilado. A su vez, menos de la mitad (40%), de quienes sí cuentan con vivienda particular, tiene la documentación correspondiente (escritura; crédito hipotecario).
Ahora bien, el déficit habitacional no es la mera falta de vivienda, esto es apenas una de las medidas de las privaciones urbanas. Este concepto abarca una variedad de situaciones que van desde la falta de acceso a servicios básicos como agua potable y saneamiento, hasta la sobrepoblación en viviendas, el hacinamiento y la presencia de materiales de construcción precarios o inadecuados. Según los resultados del Censo, se estima que alrededor de un 25% de los hogares argentinos carece de una vivienda adecuada.
Mapa de los servicios básicos
El acceso a servicios básicos como gas, agua potable y cloacas sigue siendo desigual en Argentina. Si bien una parte considerable de la población tiene llegada a estos servicios a través de la red pública, aún persisten disparidades significativas, especialmente en áreas rurales y asentamientos informales. Ese déficit no solo afecta la calidad de vida de los hogares, sino que también contribuye al ciclo de pobreza y exclusión social.
En ese punto, los números que registró el INDEC marcan que sólo el 57,4% de la población en viviendas particulares cuenta con cloacas. A su vez, el gas de garrafa es utilizado todavía por el 43,9% de la población. Vale aclarar que el gas licuado llega a ser hasta 000% más caro que el combustible por red.
El Censo también permitió confirmar que el rasgo de centralismo económico es palpable, por ejemplo, en la distribución inequitativa del sistema cloacal: mientras que en una provincia como Chaco sólo el 32,4% de la población de viviendas particulares cuenta con desagüe a cloaca ; en Córdoba es del 40,5%; en La Pampa es de 67,5%; en Chubut ese porcentaje es de 81,1% y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es del 98,5%.
Algo parecido ocurre con la distribución del combustible para cocinar, pero aquí la brecha no es por provincias, sino a nivel regional. El mapa del censo muestra que en el NEA (Noreste), el gas natural brilla por su ausencia. En Formosa, sólo el 0,9% de la población cuenta con gas natural ; en Corrientes: el 1,1%; Chaco: 1,2%, Misiones: 2,5%. Entre Ríos es la provincia con mejor porcentaje (26,5%) de la Mesopotamia, pero muy alejado de la media nacional (48,6%). Estas cifras no hacen más que demostrar el desbalance en políticas públicas: el desarrollo de la ingeniería y construcción de infraestructura troncal para el abastecimiento de gas en red es costoso y requiere de la inversión que materialicen los gobiernos (tanto a nivel nacional, como provincial).
Respecto al acceso al agua corriente por cañería dentro de la vivienda, el promedio nacional es del 93%, pero hay nueve provincias por debajo de ese promedio y tres muy distantes de esa cifra: Santiago del Estero (71%) Formosa (73,7%) y Chaco (78,6%).
Condiciones habitacionales
La Organización de las Naciones Unidas (ONU) brinda detalles sobre las condiciones para una vivienda adecuada y esa enumeración supera ampliamente a los datos que aporta el Censo. De hecho, algunos datos para este informe se extrajeron de otros trabajos, como es el estudio publicado por las organizaciones Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (Cippec), Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) y Techo en la presentación del informe “Desafíos de la planificación territorial, el acceso al hábitat y a la vivienda”.
De todos modos, el Censo es una radiografía por distrito que resulta en un insumo fundamental si se quiere planificar políticas públicas situadas. El estado habitacional en Argentina varía ampliamente según la provincia y el contexto socioeconómico. Se observa que un porcentaje significativo de viviendas carece de ciertos elementos básicos de infraestructura, como paredes sin revoques, pisos sin revestimiento o techos sin aislación.
Esta falta de mantenimiento y adecuación de las viviendas puede tener consecuencias negativas para la salud y el bienestar de los residentes, además de contribuir a la inseguridad habitacional. A nivel total, casi cuatro de cada diez hogares (35,5%) no cuenta con techos con revestimiento o cielorraso y un 17% cuenta con pisos no consolidados (de ladrillos sueltos o tierra).
Uno de los datos que registró el INDEC cuantifica la “cantidad de viviendas particulares ocupadas que son rancho o casilla”, con salida directa al exterior. La primera, tiene paredes de adobe, piso de tierra y techo de chapa o paja, y la segunda está habitualmente fabricada con materiales de baja calidad o de desecho, tal como señala expresamente el informe derivado del Censo. Esas características afectan al 2% a nivel total del país, y en los extremos inferiores se encuentran Santiago del Estero (5,8%); Salta (5,7%); Chaco (4,6%), Corrientes (4,4%) y Formosa (4,3%). En cambio, La Pampa es la provincia con menor cantidad de viviendas tipo rancho o casilla (apenas un 0,27%). A su vez es de las pocas jurisdicciones que presenta buenas condiciones por encima de la media en todos los indicadores (el 99% tiene agua por cañería dentro de la vivienda, el 90% gas de red, el 95,1% pisos con revestimiento, el 85% techos con aislación, entre otros).
Entre los grupos vulnerables como pueblos originarios, migrantes y sectores de bajos ingresos, la situación habitacional es acuciante y estructural. A pesar de los programas de vivienda implementados por el Gobierno en años anteriores, muchos de estos grupos siguen enfrentando barreras para acceder a una vivienda digna y adecuada. La última Encuesta Nacional de Migrantes Argentinos (ENMA) arrojó que el 51% de las y los migrantes no cuenta con acceso a alguno de los tres servicios mínimos: agua potable (13,8%), red cloacal (40%) y gas (38,5%).
Otros datos situados: un relevamiento realizado en 2019 por el investigador Tomás Capalbo, del Instituto Gino Germani (UBA), sobre el barrio Padre Carlos Mugica o Villa 31 (CABA), mostró que el 100% de los habitantes del complejo La Containera que fueron entrevistados hizo al menos una vez algún reclamo a la Secretaría de Integración Urbana por problemas edilicios, el 74% indicó que posee filtraciones y un 70% tiene una deficiente instalación sanitaria. A su vez, el 13 % de las viviendas cuenta con fisuras en sus paredes.
Alquilar, situación cada vez más frágil
Los inquilinos enfrentan, cada vez más, la incertidumbre en los contratos y el alto porcentaje de los alquileres. El aumento de los precios, en muchos casos por encima de la inflación, coloca una pesada carga financiera sobre las familias que destinan hasta un 30% de sus ingresos para pagar la renta. Esta situación se ve agravada por la falta de regulación en el mercado de alquileres, donde los convenios suelen ser precarios y las garantías exigidas resultan inaccesibles para muchos.
Hay provincias donde el porcentaje de personas que alquilan es más alto que en otras regiones: el ejemplo más claro es el de CABA (el 34,8% las personas censadas respondieron que alquila ). Tierra del Fuego cuenta con 32,3% de viviendas particulares alquiladas. Le sigue Córdoba, con casi un cuarto de su población habitando una vivienda en alquiler (24,2%). Luego, Chubut, con 21,2%.
Un trabajo académico de Daniela Gargantini, investigadora de CONICET y del Centro Experimental de la Vivienda Económica, da cuenta de que en Córdoba el alquiler dejó de ser un instrumento de transición en el camino hacia la propiedad privada, para ser un modo de vida permanente. Sin embargo, se convirtió en una opción cada vez problemática, “vinculado con la falta de regulación y gestión del suelo urbano que lo hace inaccesible, tanto como por la escasa y homogénea producción habitacional promovida desde los diversos niveles del Estado”, señala la investigadora.
A los datos hay que analizarlos en contexto. Es muy diferente la situación en los cordones conurbanos de CABA-Buenos Aires con el panorama en Tierra de Fuego, donde es alta la tasa de alquiler por la composicional demográfica de sus habitantes (viven allí temporalmente por razones laborales). Un informe integral de ACIJ, CELS, CONICET, IDAES y el Instituto de Geografía de la UBA nos permite relacionar las cifras: en los barrios populares de AMBA, un 43% de los hogares se encuentra endeudado y, de estos, la mayoría destinó esas deudas al pago del alquiler.
La incidencia del alquiler es, en general, alta: un tercio de las familias destina más de la mitad de sus ingresos para pagarlo. Más de un tercio de los hogares alquila una pieza con baño y/o cocina compartida, o una cama en una pieza. Un 22% de los hogares vive en condiciones de hacinamiento crítico, y un 38% convive con una o más familias, en una situación de hacinamiento por cohabitación. Más de la mitad de los hogares vive en viviendas poco adecuadas o inadecuadas, y en un hábitat deficitario. Siete de cada diez inquilinos no tiene un plazo acordado para el alquiler; siete de cada diez hogares debieron mudarse en los últimos cinco años. El trabajo que hizo el equipo de investigación, tuvo lugar en 445 barrios populares, de los cuales 151 corresponden a CABA y 294 a barrios del GBA. Los casos de CABA corresponden en su totalidad a villas (el 34% de la muestra), mientras que los de provincia de Buenos Aires son asentamientos (el 66% de la muestra).
Como señalamos anteriormente, uno de los sectores más frágiles es el de los migrantes: en base a la ENMA, el 89% de quienes están hace menos de cinco años en el país deben alquilar, formal (45%) o informalmente (36%) mientras que solo el 25% de las personas que están hace más de 10 años lo hace. El 35% reconoció tener dificultades para acceder a las garantías o documentación para el alquiler por su condición de migrante.
Los hogares sostenidos por mujeres, personas del colectivo LGTBIQ+ y jóvenes son también los más desprotegidos al momento de alquilar, según el Índice de Vulnerabilidad Inquilina (IVI), un estudio realizado por la Universidad de San Martin y CELS. El IVI permite analizar cómo se distribuye la fragilidad habitacional entre los hogares inquilinos, según un conjunto de variables que identifican como críticas: la calidad de la vivienda, si el contrato es escrito o de palabra, el grado de dificultad para pagar el alquiler, si se arrastran deudas y si se identifica un mayor riesgo de desalojo. De ese modo, el IVI arrojó que, en los hogares sostenidos por mujeres, la alta vulnerabilidad llega al 34%, y en los que están a cargo de personas trans-travestis o no binarios llega al 38%. En cuanto a las diferencias por edad, la franja etaria de entre 16 y 29 años registra el nivel más alto de vulnerabilidad: 33%. “Para un amplio sector, alquilar es una situación habitacional cada vez más frágil”, concluye el informe.
Por un enfoque integral, federal e inclusivo
Ante este escenario, es evidente la necesidad de activar políticas públicas destinadas a abordar con seriedad el déficit habitacional en Argentina. Desde la Fundación COLSECOR entendemos que sólo será posible a partir de políticas integrales, federales e inclusivas. Es urgente poner el foco en una re-distribución de partidas presupuestarias, tendientes a reducir las desigualdades en las condiciones habitacionales, sopesando las brechas regionales que expone el Censo 2022 y otros estudios recientes.
Traspasar la responsabilidad del Estado al mercado para transformar obras públicas en proyectos privados, simplifica la problemática en una solución única, que lejos está de ser una propuesta para las distintas realidades de las ciudadanías que no cuentan con su vivienda digna. Hay programas que son cáscara vacía. Aunque no fueron eliminados como el Plan Nacional de Suelo Urbano, el Pro.Cre.Ar o el Fondo para la Integración Socio Urbana, no cuentan con presupuesto. Sobre esta última política, en un documento público y conjunto, las organizaciones Hábitat para la Humanidad, Techo, ACIJ y CELS, defendieron los avances de este plan nacional nacido hace siete años, durante el gobierno de Mauricio Macri, pero sostenido y ampliado durante el gobierno de Alberto Fernández y reclamaron por la necesidad urgente de que no se desfinancie.
Más allá de la ausencia del Estado Nacional, las cámaras legislativas y las jurisdicciones provinciales y municipales tendrán que tomar nota de este preocupante escenario, porque el derecho a acceder a una vivienda a un precio asequible, con los servicios básicos disponibles y condiciones de habitabilidad y seguridad no puede esperar.
Qué es el déficit cualitativo de vivienda
Definición:
Déficit cualitativo: Hogares con déficit de estructura o déficit de hacinamiento mitigable o déficit de servicios o déficit de espacio (DANE, 2009).
Déficit estructura = Hogares que habitan en viviendas construidas con material estable, pero con pisos de tierra o arena.
Déficit hacinamiento mitigable = Hogares con más de 3 y menos de 5 personas por cuarto (urbano); más de 3 personas por cuarto (rural).
Déficit servicios = Déficit de acueducto (= sin acueducto en la vivienda Urbano / sin acueducto y obtienen el agua para consumo humano de rio, quebrada, nacimiento, carrotanque, aguatero, o agua lluvia Rural) o déficit de alcantarillado-sanitario (= sin alcantarillado en la vivienda, o teniéndolo el inodoro no está conectado al alcantarillado Urbano / sin servicio sanitario, letrina o bajamar Rural) o déficit de energía (sin energía) o déficit basuras (sin recolección de basuras Urbano)
Déficit espacio (cocina) = Hogares que no cuentan con un lugar adecuado para preparar los alimentos.
Cuántas viviendas hacen falta en Argentina
Crecen la precariedad y el déficit habitacional, varias organizaciones presentaron un diagnóstico y posibles soluciones para llevar adelante a través de políticas públicas de vivienda
El acceso a la vivienda y el déficit habitacional fueron ejes de un debate que desnudó los grandes problemas que atraviesa este sector en la Argentina. Uno de los datos que sobresalen fue expuesto en un informe elaborado conjuntamente por el Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (Cippec), la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) y la organización TECHO Argentina: 1 de cada 3 hogares del país no cuenta con una vivienda adecuada.
El análisis también reveló que el déficit habitacional es de casi 4 millones de viviendas: 1,3 millones de familias necesitan una vivienda nueva y 2,6 millones tienen necesidades de ampliación y/o mejoras en sus viviendas.
Durante las últimas décadas se implementaron diversas políticas para atender esta problemática: los Procrear, el Régimen de Regularización Dominial para la Integración Socio Urbana de barrios populares, el Plan Nacional del Suelo, las líneas Mi Pieza y Mi Baño, entre otras. Todas significaron avances y demuestran esfuerzo estatal por brindar soluciones. Pero ninguno de los programas abordó de forma integral y permanente la problemática. El acceso a la vivienda adecuada sigue siendo una asignatura pendiente y afecta a casi todos los sectores de la población.
Fuente: Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC), Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) y TECHO Argentina
En el informe “Desafíos de la planificación territorial, el acceso al hábitat y a la vivienda”, las 3 organizaciones presentaron un diagnóstico de los principales problemas habitacionales desde el retorno de la democracia hasta la actualidad y un conjunto de recomendaciones para el diseño de la política pública de hábitat y vivienda en los próximos 40 años.
Entre otras precisiones, el estudio detectó que 1,17 millones de familias viven en 687 barrios populares distribuidos en todo el territorio nacional. Más de la mitad de esa población no accede de forma regular a más de dos servicios básicos, como luz, agua corriente y cloacas, ni cuenta con títulos de propiedad del suelo, según surge del Registro Nacional de Barrios Populares 202
Fuente: Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC), Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) y TECHO Argentina
Por otra parte, más de 2 millones de hogares en Argentina alquilan su vivienda, una situación que se fue acentuando: entre 2010 y 2022 el porcentaje de hogares inquilinos pasó del 16% al 20% a nivel nacional, según datos del Indec.
En el AMBA, el 32% de los inquilinos destinan más de la mitad de su salario al pago mensual y el 60% de quienes alquilan asume aumentos por fuera de la ley (Encuesta Inquilina 2023)
“El acceso al suelo, al hábitat y a la vivienda adecuada es fundamental para garantizar otros derechos como la salud, la educación y el trabajo. Sin embargo, se ha convertido en una de las problemáticas más complejas de nuestro país”, explicó a Infobae María Victoria Boix, directora de Ciudades de CIPPEC.
Prioridades
El estudio de Cippec, ACIJ y Techo apuntó varias recomendaciones de política pública para atender la problemática habitacional del país. “En primer lugar -dijo Boix- proponemos promover la sanción de normativa de ordenamiento territorial a nivel nacional, provincial y municipal. Para ello, impulsamos la sanción de una ley nacional de presupuestos mínimos sobre ordenamiento territorial; además, fortalecer los mecanismos para que las provincias y municipios sancionen normas en este sentido y elaboren sus planes de ordenamiento territorial, incorporando mecanismos de participación ciudadana en este proceso”.
Fuente: Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC), Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) y TECHO Argentina
La segunda propuesta es avanzar en el mejoramiento integral de las viviendas a partir de un plan de ordenamiento territorial que articule los mejoramientos de las viviendas con las obras de infraestructura y de integración socio urbana necesarias. También considera la asistencia financiera a los hogares, mediante subsidios y/o créditos para la compra de materiales y la contratación de mano de obra.
Alquileres
Una tercera idea, dijo Fernando Bercovich, integrante del programa Derecho a la Ciudad de la ACIJ, a Infobae, es promover una política nacional e integral de alquileres que aborde la problemática a través de diversas herramientas de forma simultánea y teniendo en cuenta las realidades locales. “El Estado debe involucrarse más, de forma directa e indirecta, con regulaciones y acciones que orienten el desarrollo inmobiliario privado hacia la necesidad de alquileres asequibles. Entre dichas regulaciones y acciones, proponemos herramientas de movilización de suelo urbano ocioso (como viviendas vacías y terrenos baldíos) hacia la oferta pública o privada de alquileres asequibles a largo plazo”, especificó.
Fuente: Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC), Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) y TECHO Argentina
Los expertos consideraron también que el empeoramiento de las condiciones de locación en las ciudades argentinas tiene varias causas, como la percepción de que las regulaciones vigentes, en particular la reciente Ley de Alquileres, son demasiado rígidas para que los propiestarios se arriesguen a ofrecer sus unidades en el mercado de alquileres. Prevalece entonces la compra de unidades de vivienda exclusivamente como reserva de valor en un mercado inmobiliario dolarizado y los beneficios extraordinarios que otorgan los alquileres temporarios destinados al turismo, en un contexto macroeconómico complejo.
“Hay que tener en cuenta que la Ley Nacional de Alquileres salió con un consenso amplio de distintos actores sociales y de las fuerzas políticas, pero entendemos que pedirle a una ley que resuelva todos los problemas de los inquilinos es poco realista. Entre 60% y 75%, según las fuentes, de las personas que alquilan, lo hacen por fuera de la ley. En ese sentido creemos que es muy importante que se aplique el artículo 17 de la ley actual que es un plan de alquiler social o asequible, tal como mencionamos en el documento de recomendaciones”, afirmó Bercovich (ver gráfico, abajo).
Fuente: Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC), Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) y TECHO Argentina
Integración
La problemática del hábitat y la vivienda está relacionada al crecimiento de las ciudades y la falta de suelo urbano de calidad. Entre 2010 y 2016, los principales aglomerados urbanos del país se expandieron hasta 1,5 veces respecto de su crecimiento poblacional; en muchos casos, sin una planificación territorial adecuada. Esto dio lugar a ciudades de baja densidad, sin la infraestructura ni conectividad necesarias.
Fuente: Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC), Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) y TECHO Argentina
María Lucía Groos, directora nacional del Centro de Investigación e Innovación Social en TECHO-Argentina, dijo a Infobae: “una cuarta recomendación apunta a profundizar los procesos de integración socio urbana en barrios populares y garantizar su sostenibilidad a lo largo del tiempo a partir del desarrollo de nuevos mecanismos de financiamiento contemplados en el Fideicomiso de Integración Socio Urbana (FISU), destinado a proyectos de integración socio urbana y creación de lotes con servicios-; fortalecer la planificación, coordinación y el abordaje integral de la gestión estatal, creando un organismo rector a nivel nacional y, a nivel local, trabajando de manera conjunta entre municipios para la planificación territorial; y garantizar la participación ciudadana y el acceso a la información como un mecanismo de transparencia”.
Sobre este punto, creen que sería vital la creación de espacios como la Mesa Nacional de Barrios Populares y la promoción de Mesas Locales para colaborar a fomentar la participación efectiva.
La quinta y última recomendación es incorporar soluciones habitacionales temporales como respuesta a eventos adversos en barrios populares que garanticen refugio, privacidad y la seguridad de las personas. “La recomendación se centra en el fortalecimiento de las capacidades locales para la gestión de riesgos, la definición de especificaciones técnicas sobre tipos de vivienda a nivel general y nacional y la participación de personas, grupos y comunidades involucradas en contexto de emergencia, para garantizar que sus necesidades y perspectivas sean consideradas en cada etapa del proceso”, concluyó Groos.
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Cómo se mide el déficit habitacional
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