La economía argentina se encuentra en un contexto de persistente fuga de capitales, lo que provoca una menor inversión y un crecimiento desigual. Esta situación se agrava por la falta de control sobre el comercio exterior y la incapacidad del BCRA para supervisar las operaciones de cambio.
El Estado debería fortalecer su rol de intervención y regulación, particularmente sobre el tipo de cambio, como lo hace Bolivia, donde se castiga con prisión la evasión fiscal, la fuga de capitales y las maniobras especulativas. En Argentina, en cambio, se fomenta la apertura de la cuenta de capital, lo que acelera la devaluación del tipo de cambio oficial y beneficia a quienes pueden fijar precios, a la vez que permite la tenencia de divisas y operaciones como las "contadas contra 'liqui' ", que facilitan la fuga de capitales.
La paradoja es que una burguesía nacional, que tiene su origen en Argentina, prioriza la fuga de capitales y espera una fuerte devaluación para valorizar los dólares fugados, mientras que una burguesía extranjera busca la desintegración de la economía nacional para integrarse a sus propias cadenas de valor. Ambas engendran una economía concentrada, donde las grandes empresas crecen a expensas de las pymes y las economías regionales.
El Caso Capex S.A.
Capex S.A. es una empresa privada argentina dedicada a la generación de energía eléctrica, térmica y renovable, así como a la exploración y explotación de hidrocarburos. La familia Götz controla el 74,8 % de las acciones a través de Compañías Asociadas Petroleras (CAPSA), mientras que la ANSES y accionistas minoritarios poseen el resto.
La empresa ha firmado un contrato de farm-out con Trafigura S.A. para el desarrollo de pozos en el área Agua del Cajón, lo que implica una participación de Trafigura en la inversión y la producción de petróleo y gas.
Un análisis de los balances generales de Capex S.A. revela una situación financiera negativa al 30 de abril de 2020, con un costo financiero que ha provocado resultados negativos en los últimos años.
La empresa aparece en el Informe "Mercado de cambios deuda y formación de activos externos, 2015-2019" del BCRA como una de las 100 empresas que compraron dólares en el período 2015-2019, por un monto de 1514500 dólares. Sin embargo, esta cifra no se condice con los balances generales de Capex S.A., que muestran una liquidez en dólares mucho menor.
En la memoria y balance de la empresa se reconoce una posición negativa de 396,7 millones de pesos, lo que equivale a una deuda de 1685912 dólares. A pesar de esto, la empresa afirma no tener activos fuera del país.
La empresa justifica la compra de títulos públicos como parte de su estrategia financiera, pero no explica la tenencia de dólares billete que sí realizó y no puede justificar en sus estados contables.
La situación de Capex S.A. y de las 99 empresas restantes en el listado del BCRA es confusa. Es necesario que el BCRA y la AFIP intercambien información para determinar el origen de los fondos utilizados para comprar dólares, así como el destino de las transferencias bancarias en dólares.
El proyecto de ley presentado por el senador Omar Parrilli, que exige la presentación de los responsables de las empresas mencionadas en el Informe del BCRA ante la Comisión Bicameral Permanente de Seguimiento y Control de la Gestión de Contratación y de Pago de la Deuda Exterior de la Nación, es crucial para investigar la fuga de capitales. La AFIP también debería fiscalizar los saldos contables en dólares y verificar las cuentas bancarias donde se encuentran esas tenencias.
La falta de investigación de la deuda es la causa principal de la situación actual. Es necesario que las autoridades tomen medidas para evitar la fuga de capitales y garantizar la transparencia en la economía argentina.
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