Uno de los temas más recurrentes en el debate político de la Argentina tiene que ver con el reparto de los fondos del Gobierno nacional hacia las provincias y las diferencias que se producen en ese sistema. En este artículo, profundizaremos en el sistema de coparticipación federal, investigando cómo se define, cuántos fondos recibe cada provincia y qué inequidades se producen, con especial atención a la Provincia de Buenos Aires.
¿Qué es la coparticipación?
La coparticipación federal es el sistema mediante el cual el Gobierno central distribuye parte de la recaudación de algunos impuestos nacionales entre las provincias. Se trata de transferencias automáticas y diarias, es decir, no requieren autorización previa ni son discrecionales, dado que se coparticipan a medida que los fondos ingresan a las cuentas del Estado nacional según un sistema de reparto predefinido.
Este reparto se rige por la Ley de Coparticipación Federal, aprobada en 198La norma establece que del total de impuestos coparticipables, el 42,34% se lo queda el Gobierno nacional, el 56,66% se reparte entre las provincias de forma automática, y el 1% se reserva para el Fondo de Aportes del Tesoro Nacional (ATN), que también se reparte entre las jurisdicciones. Esta división entre el Gobierno central y las provincias se conoce como “coparticipación primaria”.
Los ATN se consideran transferencias no automáticas o “discrecionales”, ya que pueden ser repartidos según la voluntad del Ejecutivo nacional, pero sin seguir criterios o prioridades establecidos previamente.
Un segundo nivel, denominado “coparticipación secundaria”, define el reparto de los recursos entre las provincias. Quienes reciben un mayor porcentaje de recursos son la Provincia de Buenos Aires (21,3%), Santa Fe (8,7%), Córdoba (8,4%), Chaco y Entre Ríos (ambas con 4,7%) y Tucumán (4,6%).
La ley no explica de qué dependen los porcentajes que van a cada provincia, sino que se negociaron políticamente. El sistema actual no plantea incentivos para una mejor administración, como en otros países federales que tratan de repartir la coparticipación según las necesidades y la capacidad fiscal de las jurisdicciones. El reparto secundario no es flexible para premiar a quien tenga buen comportamiento fiscal y castigar a quien hace mal las cosas.
Si bien la base son los porcentajes dispuestos en 1988, hay leyes especiales que modificaron esas proporciones, principalmente mediante la creación de nuevos impuestos o fondos complementarios.
Cómo fue el reparto de la coparticipación en 2022
En 2022, las provincias recibieron un total de $ 52242 millones de fondos de origen nacional, considerando el reparto de la coparticipación y la compensación por el Consenso Fiscal. En términos reales, se trata del máximo valor de la serie iniciada en 2003, lo que se explica por la incorporación, a partir de 2018, de la compensación por el Consenso Fiscal.
La provincia que más recursos recibió en 2022 en términos nominales fue Buenos Aires, con $ 47986 millones. Le siguieron Santa Fe ($ 564 mil millones), Córdoba ($ 548,8 mil millones), Chaco ($ 310 mil millones), Entre Ríos ($ 302 mil millones) y Tucumán ($ 294 mil millones).
Las inequidades del sistema de coparticipación
Si se tienen en cuenta otras variables, la situación se modifica. Por ejemplo, si se considera la cantidad de habitantes de cada distrito, la coparticipación per cápita de la Provincia de Buenos Aires se ubica como una de las más bajas del país con $ 8780, sólo superada por la Ciudad de Buenos Aires ($ 4330).
En este caso, la provincia que más fondos coparticipables per cápita percibe es Tierra del Fuego, con $ 398 mil. Le siguen Catamarca ($ 388 mil), Formosa ($ 371 mil), La Rioja (329 mil), La Pampa ($ 320 mil) y Santa Cruz ($ 295 mil).
Estas diferencias también provocan otras inequidades, si se miden los recursos coparticipables de cada provincia sobre el total de sus ingresos y en relación a lo que cada distrito aporta como recaudación.
La Ciudad de Buenos Aires es la jurisdicción que menos fondos recibe de Nación en proporción a sus ingresos: apenas el 16,4% del total (10,7% de ingresos tributarios y 5,7% de transferencias corrientes y de capital). En tanto, el 77% de sus ingresos provienen de recaudación propia y el 6,6% restante corresponden a otros ingresos propios.
Neuquén recibe un 26,5% de recursos de Nación (23,6% por tributos y 2,9% por otras transferencias), mientras que la mayor parte de sus ingresos (46,4%) son de regalías por la actividad hidrocarburífera y otros ingresos propios, y el 27,1% por recaudación propia.
Por su parte, la Provincia de Buenos Aires recibe el 54% de sus ingresos del Gobierno nacional (44,4% de recursos tributarios y 9,6% de otras transferencias), mientras que el 42,5% corresponde a recaudación propia y el 3,5% a otros ingresos internos.
En el otro extremo, varias provincias dependen casi exclusivamente de los ingresos del Gobierno central. Tal es el caso de La Rioja (el 90,9% de sus ingresos provienen de Nación), Formosa (90,5%), Santiago del Estero (87,3%), Corrientes (86,5%), Jujuy (85,2%) y Chaco (83,7%).
El esquema actual genera que muchas provincias tengan pocos incentivos al desarrollo e inversión de la actividad privada, dependiendo exclusivamente de los recursos de la Nación.
Respecto de la relación entre los impuestos recaudados y la coparticipación recibida, la Ciudad de Buenos Aires también se ubica en la peor posición: estimaciones muestran que este distrito recibe apenas $ 11 de cada $ 100 recaudados.
Otros distritos que también reciben menos de lo que recaudan son Neuquén ($ 59 por cada $ 100), Chubut ($ 71), Buenos Aires ($ 76), Cordoba ($ 95) y Santa Cruz ($ 97).
En el otro extremo, en tanto, Formosa es la provincia que más recursos recibe respecto a su recaudación: $ 551 por cada $ 100. Le siguen Catamarca ($ 425), La Rioja ($ 316), Chaco ($ 291), Corrientes ($ 267), Jujuy ($ 263) y Misiones ($ 248).
El sistema de coparticipación argentino presenta una serie de inequidades que generan diferentes consecuencias para el desarrollo de cada región. La Provincia de Buenos Aires, a pesar de ser la que más fondos recibe en términos nominales, se ubica entre las provincias con menor coparticipación per cápita, lo que refleja la complejidad del sistema y la necesidad de un debate profundo sobre su funcionamiento.
El análisis de la coparticipación es fundamental para entender las dinámicas fiscales del país y su impacto en la distribución de recursos entre las provincias. Se requiere un enfoque integral que considere las necesidades de cada región, la capacidad fiscal de las jurisdicciones y la promoción de un desarrollo más equitativo.
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