La Ley Nº 2083, sancionada en Argentina en 1992, establece el régimen legal para los Fondos Comunes de Inversión (FCI), instrumentos financieros que permiten a las personas invertir en un patrimonio común, representado por cuotapartes.
Esta ley define las características, tipos, administración, regulación y tratamiento impositivo de los FCI. También establece las responsabilidades de las sociedades gerente y depositaría, los derechos de los cuotapartistas y los mecanismos de fiscalización y control.
Tipos de Fondos Comunes de Inversión
La Ley 2083 distingue entre dos tipos principales de FCI:
- Fondos Comunes de Inversión Abiertos: Se caracterizan por la posibilidad de suscripción y rescate continuo de cuotapartes. Su patrimonio se integra con activos como valores negociables, metales preciosos, moneda nacional y extranjera, instrumentos financieros derivados, depósitos bancarios, etc. Pueden tener un objeto de inversión amplio o específico.
- Fondos Comunes de Inversión Cerrados: Tienen una cantidad máxima de cuotapartes y un plazo determinado de duración. Su patrimonio puede incluir, además de los activos permitidos para los fondos abiertos, bienes muebles o inmuebles, títulos valores sin oferta pública y derechos creditorios. Sus cuotapartes no se pueden rescatar, salvo en casos excepcionales.
Asimismo, la ley contempla la posibilidad de constituir FCI que repliquen el comportamiento de un índice bursátil o financiero, así como FCI destinados al retiro de los cuotapartistas.
Gestión y Administración
La Ley 2083 establece que la dirección y administración de los FCI estará a cargo de una sociedad anónima habilitada para este tipo de gestión, denominada sociedad gerente, o por una entidad financiera autorizada para actuar como administradora de cartera de valores negociables. La custodia de los activos del Fondo estará a cargo de una entidad financiera, denominada sociedad depositaría.
La sociedad gerente tiene la responsabilidad de:
- Representar a los cuotapartistas en sus relaciones con terceros.
- Administrar el Fondo con diligencia profesional.
- Cumplir con los requisitos de patrimonio mínimo y otros establecidos por la Comisión Nacional de Valores (CNV).
Por su parte, la sociedad depositaría debe:
- Percibir las suscripciones y pagar los rescates.
- Vigilar el cumplimiento de las disposiciones para la adquisición y negociación de activos.
- Guardar y depositar los valores negociables e instrumentos representativos de las inversiones.
- Llevar el registro de cuotapartes.
Regulación y Fiscalización
La CNV tiene a su cargo la fiscalización, supervisión y registro de las sociedades gerente y depositaría, así como de todas las operaciones y relaciones relacionadas con los FCI. La ley le otorga la facultad de dictar la reglamentación necesaria para complementar las disposiciones de la ley y resolver casos no previstos.
La CNV puede aplicar sanciones a los FCI, sociedades gerente y depositaría que infrinjan las disposiciones de la ley o las normas de la CNV.
Tratamiento Impositivo
La Ley 2083 establece que el tratamiento impositivo de los FCI y las inversiones en los mismos será el mismo que se aplica a otras actividades o inversiones similares, sin condiciones diferenciales.
Las cuotapartes de copropiedad y las cuotapartes de renta de los FCI quedan exentas del IVA y del Impuesto a las Ganancias, excepto para los sujetos comprendidos en el título VI de la Ley de Impuesto a las Ganancias.
Rescate de Fondos Comunes de Inversión
Para retirar el dinero de un FCI, los cuotapartistas pueden realizar un rescate. El rescate consiste en solicitar el retorno de la inversión mediante el rescate de las cuotapartes, al precio de cierre de la cuotaparte que figura informado.
Los cuotapartistas de los FCI abiertos tienen derecho a exigir el rescate en cualquier momento, el cual deberá efectuarse dentro de los tres días hábiles de formulado el requerimiento. El reglamento de gestión puede establecer plazos más prolongados, siempre que sean razonables y no impidan la liquidez de las cuotapartes.
La Ley 2083 establece un marco legal sólido para la constitución, funcionamiento y fiscalización de los Fondos Comunes de Inversión en Argentina. Esta ley ha contribuido a la creación de un mercado financiero más desarrollado y transparente, brindando a los inversores una herramienta útil para diversificar sus portafolios y acceder a diferentes alternativas de inversión.
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